Según fallo de Consejo de Estado, departamento del Cesar no pagaría a contratista

Consejo de Estado
Martes, Septiembre 12, 2017 - 09:18

El Consejo de Estado dio a conocer que la Gobernación del Cesar se salvó de pagar a un contratista más de 2.300 millones de pesos, debido a un fallo emitido por la Corte.

Según explicó la entidad, la sentencia, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, ratificó la decisión con la que la Sección Tercera, Subsección B, había declarado nulo un contrato celebrado por el ente territorial que lo obligaba a pagar la suma de dinero.

En 1999 la Gobernación contrató un servicio de asesoría legal para hacer valer sus derechos patrimoniales por la privatización de la empresa Electrocesar S.A. ESP y por el cobro de los dineros derivados de la emisión de la estampilla ‘Universidad de Cartagena – siempre a la altura de los tiempos’.

De igual forma, en octubre del 2000 el ente territorial y el contratista elaboraron un acta de liquidación del contrato en la que se establecía que, gracias a las acciones emprendidas por este último, al departamento le reconocieron derechos patrimoniales por más de 23.000 millones de pesos, lo que obligaba al Cesar a cancelarle los 2.300 millones.

De acuerdo con el Consejo de Estado, la Procuraduría demandó el contrato ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que llevó a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, a declarar su nulidad y la del acta liquidatoria y a ordenarle al contratista devolver a la Gobernación 22 millones de pesos, por el anticipo que esta le había concedido tras la firma del contrato.

Fue interpuesto un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado por el contratista, alegando la nulidad originada en la sentencia. Consideraba que la Sección Tercera del Consejo de Estado no tenía la competencia para declarar la nulidad del contrato; además, consideraba que se había producido la prescripción extintiva de la acción, pues si bien al momento de la firma del contrato dicho término era de 20 años, una reforma legal posterior lo redujo a 10.

Luego de realizado el estudio correspondiente, la Sala Especial de decisión sexta de la Sala Plena concluyó que no existía tal nulidad e indicó que la Sección Tercera sí tenía competencia para declarar la nulidad tanto del contrato como del acta de liquidación y que además no podía aplicarse la prescripción de 10 años contenida en esa reforma, debido a que el contratista no le informó a la Sección Tercera su decisión de acogerse a ese término legal.

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